Republicanos y demócratas simplifican la impugnación del presidente de EE.UU “Por ser un precidente sin ley

Republicanos y demócratas han entrado en un frenesí de impugnación durante las últimas semanas.
Las guerras de impugnación iniciaron cuando un pequeño grupo de republicanos empezó a hablar sobre la posibilidad de impugnar al presidente Obama. Del grupo, la republicana de más alto perfil era la exgobernadora de Alaska y candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin.
En su forma característica de ir justo al punto partidista, Palin publicó un artículo en Breitbart.com en el que dijo, sin especificar los fundamentos exactos de su argumento más allá de su parecer de que se trataba de un presidente “sin ley”, que “es hora de impugnar”.
Palin no estaba sola. Varios republicanos en el Congreso habían mencionado la posibilidad de una impugnación en la primavera, entre ellos la representante por Minnesota, Michele Bachmann, y el representante por Texas, Louie Gohmert. En uno de los principales programas de política y opinión, el líder de la mayoría, Steve Scalise, se negó a descartarlo. Algunos observadores creen que, aunque ha negado que el Partido Republicano se incline por esta opción, el Presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha alimentado los temores al presentar una demanda en contra del presidente, respecto a su uso del poder ejecutivo.
Los demócratas han respondido al utilizar la amenaza de impugnación como una herramienta para recaudar fondos. Ellos han enviado una serie de correos electrónicos a sus seguidores en los que piden dinero y advierten que si los demócratas no ganan en las elecciones de mitad del período en noviembre, los próximos dos años serán como el final de la década de los noventa, cuando los republicanos votaron por impugnar al presidente Bill Clinton.
En uno de los mensajes del Comité de Campaña Demócrata por el Congreso, la advertencia de “alerta roja” indicaba que la demanda del presidente “le ha abierto la puerta a la impugnación”, según la Casa Blanca, y que el Washington Post confirmó que Boehner no quiso decir que “la impugnación no es una opción a considerar”.
Ciertamente, el asesor de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, dijo que él “no descartaría” la posibilidad de una impugnación, mientras el secretario de prensa de la Casa Blanca reconoció que hay algunos republicanos “que se están postulando, a modo de ocupar un cargo para poder impugnar al presidente”.
Las partes están jugando con la impugnación, un resultado desafortunado y peligroso.
Se pretende que el proceso de impugnación sea una herramienta de último recurso, un mecanismo constitucional por medio del cual el Congreso tiene la capacidad de destituir a un presidente que ha tenido un comportamiento criminal, cometiendo “traición, soborno u otros crímenes serios y delitos menores”.
Cuando simplemente no es posible esperar hasta las próximas elecciones presidenciales para resolver la pregunta de si alguien que ha cometido serias ofensas debería estar en la Casa Blanca, esta es la única herramienta con la que el Congreso cuenta.
Hace cuarenta años, el Congreso consideró la impugnación cuando enfrentó a un presidente, Richard Nixon, que descaradamente utilizó el poder ejecutivo para obstruir una investigación sobre irregularidades dentro de su administración en torno al ingreso a la fuerza a la sede democrática en el complejo de Watergate. El Congreso nunca había llegado al punto de votar para impugnarlo, aunque lo habrían hecho, solo porque Nixon renunció esta semana hace 40 años.

En otras ocasiones, la “impugnación” ha sido mucho más una herramienta política. A menudo, la impugnación ha sido una amenaza utilizada por los oponentes de una figura pública. En 1961, como todo el mundo sabe, activistas conservadores empezaron a portar señales que hacían un llamado a la impugnación del Presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, cuya corte emitía fallos progresistas y relevantes en asuntos como la segregación en las escuelas y los derechos de los sospechosos de crímenes. “Salven a nuestra república: impugnen a Earl Warren”, decían sus carteles.
Durante la Reconstrucción, los “Republicanos radicales” intentaron impugnar al presidente republicano Andrew Johnson por haber violado la Ley de Permanencia en el Cargo. La verdadera razón detrás de su deseo de impugnar era la frustración que sentían por el fracaso de Johnson para implementar las Leyes de Reconstrucción y los desacuerdos con él respecto a cómo manejar las relaciones de raza en el período posterior a la Guerra Civil.
Lo que es mejor conocido, y lo más relevante para muchos republicanos a quienes les aterra que sus colegas lleven esto demasiado lejos, es el intenso clima partidista de los noventa que culminó con que los republicanos de la Cámara votaran para impugnar al presidente Bill Clinton por mentir bajo juramento acerca de los hechos en un caso que involucraba su aventura con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.
Los republicanos del Senado hicieron que el Congreso desistiera de condenar a Clinton y destituirlo del cargo. Como Boehner y otros republicanos lo recuerdan, la impugnación resultó contraproducente para el Partido Republicano, ya que los índices de aprobación de Clinton se dispararon, y los suyos se vinieron abajo.
Durante la presidencia de George W. Bush, algunos demócratas hicieron un llamado a la impugnación basados en acusaciones de que había abusado de la autoridad ejecutiva y había engañado al público frente a una guerra basada en la premisa falsa de que Irak tenía armas de destrucción masiva.
El uso actual de la impugnación como una herramienta política se da en una época en la que todas las partes del proceso legislativo parecen estar sujetas a la politización. Nada parece ser zona prohibida. En 2011, la nación fue testigo de cómo la decisión de elevar el techo de la deuda, el proceso rutinario por medio del cual el Congreso acordaba pagar los gastos que autorizaban, se convirtió en un arma política volátil utilizada para extraer compromisos sobre los recortes de gastos con la draconiana amenaza de enviar a la nación, y al mundo, a un caos económico si Obama no cumplía.
Ahora vemos lo mismo con la impugnación, aunque aún se encuentra en las primeras fases. Pero es importante que los líderes de ambos partidos den marcha atrás y resistan la tentación de revivir lo ocurrido en los años noventa y utilizar este mecanismo como otra herramienta más en las guerras partidistas.
Afortunadamente, la nación no ha necesitado utilizar la herramienta de la impugnación muy a menudo. Generalmente, los mecanismos como la supervisión del congreso y los fiscales del Departamento de Justicia han sido suficientes para contener la mala conducta presidencial.
Eso no satisface a los críticos más severos del presidente Obama. Ellos afirman que ha abusado del poder ejecutivo al hacer ajustes en la implementación de la Ley de Atención Médica Asequible, como retrasar el mandato del empleador.
Algunos también dicen que no ha logrado implementar la legislación del control de inmigración. Irónicamente, aunque los republicanos respaldaron al presidente George W. Bush cuando utilizó el poder ejecutivo en asuntos de seguridad nacional y política interna, ellos ahora afirman que el presidente Obama está burlando al Congreso de forma excesiva.
Evidentemente, las quejas sobre el creciente poder ejecutivo son dignas de debate. De hecho, ambas partes, quienes parecen amar el poder presidencial cuando lo tienen, pero lo odian el resto del tiempo, deberían participar en una discusión seria acerca de qué ha pasado con el equilibrio de poder en las últimas décadas. Pero hasta ahora, lo que los republicanos han argumentado en contra del presidente Obama no llega al nivel de una ofensa impugnable.
Sin embargo, como Nixon nos lo recuerda, no es imposible imaginar una situación donde la nación necesitará nuevamente del proceso de impugnación.
En 1986 y 1987, el escándalo Irán-Contra, planteó la pregunta de la impugnación cuando se hizo evidente que los asesores de seguridad nacional de alto nivel habían violado conscientemente las prohibiciones del Congreso respecto a proporcionarle ayuda a los rebeldes nicaragüenses. Al final, el presidente Ronald Reagan no fue impugnado porque no había evidencia decisiva que mostrara que Reagan tenía conocimiento de las violaciones. Sin embargo, la herramienta podría haberse convertido en esencial.
La impugnación perderá su legitimidad dentro del público si se convierte en un proceso totalmente politizado. Si bien es insensato imaginar que es posible contener las fuerzas del partidismo, deben haber algunos límites, y los líderes políticos necesitan dejar ver que no apoyarán una idea o actividad en particular.
Mientras recordamos los eventos que llevaron a que Richard Nixon dejara el cargo, el aniversario debería ser un poderoso e importante recordatorio para los líderes de nuestra nación, a fin de que no consideren la herramienta de la impugnación para que el Congreso pueda recurrir a ella solo en caso de emergencia.

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