Un juez deniega a la NSA mantener los datos más allá de cinco años

Un juez federal con un tribunal secreto ha rechazado la petición de la administración de Obama para extender el almacenamiento de datos de la vigilancia telefónica de la Agencia de Seguridad Nacional, más allá del límite actual de cinco años.

El Departamento de Justicia había argumentado que el programa de recolección de datos requería que se conservaran los registros durante un período de tiempo más largo.
El juez Reggie Walton, quien preside el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, concluyó el viernes que el gobierno no había resuelto los principales problemas de privacidad.
“Los procedimientos enmendados infringen la privacidad de los estadounidenses cuyos registros telefónicos se adquirieron y retuvieron por parte del gobierno para ayudar en las investigaciones de seguridad nacional”, dijo Walton.
“La gran mayoría de estas personas nunca han sido objeto de investigaciones por parte del FBI para luchar contra el terrorismo internacional o las actividades clandestinas de inteligencia. El gobierno trata de mantener estos registros no por razones de seguridad nacional”, aseguró.
Órdenes judiciales de vigilancia actuales requieren la Agencia de Seguridad Nacional o las empresas de telecomunicaciones que reunieron los registros telefónicos que destruyan el material en cinco años.
“El gobierno no hace ningún intento de explicar por qué cree que los registros que estén sujetos a la destrucción son relevantes para los casos civiles”, dijo Walton en su orden de 12 páginas.
No hubo una reacción inmediata a la orden del Departamento de Justicia.
Edward Snowden reveló en junio pasado que una orden judicial secreta había aprobado que el gobierno recopilara cantidades masivas de metadatos de la gigante de telecomunicaciones Verizon y empresas líderes de Internet, como Microsoft, Apple, Google, Yahoo y Facebook.
Incluye números de teléfono a los que se llamó y su ubicación. El porcentaje exacto de metadatos que se recogieron no ha sido revelado públicamente, y el monitoreo de conversaciones reales requiere una orden separada.
El presidente Barack Obama en enero mostró su inquietud sobre la privacidad al anunciar que esos datos ya no los retenía el gobierno, sino que se entregarán a las telecomunicaciones nacionales o a terceros.
NSA aún tendría acceso a las llamadas para rastrear conexiones potenciales de terroristas. Ordenó a la comunidad de inteligencia que formulara un plan de este tipo antes del 28 de marzo.
Para recopilar la información, el gobierno tiene que demostrar a un juez que es “relevante” para una investigación internacional contra el terrorismo.
Había 1.856 solicitudes en 2012 al Tribunal de la FISA para la vigilancia electrónica y registros físicos para “fines de inteligencia extranjeros”, dijo el Departamento de Justicia.

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